Embarcación Claudine
A la vista del interés y las preguntas de los medios de comunicación a la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el desahucio de la embarcación Claudine, ubicada en la Dársena de Embarcaciones Menores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el organismo público se informa de que los motivos del desahucio de dicha embarcación corresponden a la falta de conservación, higiene, flotabilidad y seguridad del propio barco, el cual no cuenta con mástil ni motor, elementos esenciales para la navegación. Además, la pintura del casco está en mal estado y tiene aluminosis, incrustaciones calcáreas y acumulación de residuos en la cubierta.
Cabe destacar que el motivo de la tramitación del desahucio no fue por el hecho de que la embarcación Claudine estuviera siendo utilizada como vivienda, sino porque esta embarcación carece de los elementos de seguridad necesarios y puede poner en peligro la vida de la persona que reside en ella.
Ante esta circunstancia, en el año 2023 la Autoridad Portuaria de Las Palmas hizo un requerimiento a la propietaria del barco para que lo reparase, y ante el incumplimiento por parte de ésta, la Autoridad Portuaria inició el desahucio.
La propietaria presentó en dos ocasiones alegaciones al desahucio, por lo que no puede alegar indefensión ni desconocimiento de la situación. Además, en ninguno de esos escritos manifestó estar en situación de vulnerabilidad.
La resolución de desahucio es firme, puesto que no fue recurrida por la propietaria a pesar de haber formulado previamente alegaciones.
En el procedimiento judicial de entrada en domicilio, la propietaria no formuló alegaciones, así como tampoco manifestó situación de vulnerabilidad, de ahí que el procedimiento culminase en Auto de fecha 17/11/25 autorizando la entrada y ordenando la ejecución del lanzamiento en el plazo máximo de dos meses, fecha que vence el próximo 17 de enero.
La primera vez que la propietaria manifiesta “verbalmente” a la Policía Portuaria y a la Guardia Civil que “carece de alternativa habitacional” es el pasado 18 de diciembre de 2025, fecha en la que se le comunicó la ejecución del desahucio. Esa carencia de alternativa habitacional no se ha acreditado en el procedimiento judicial.
El pasado 9 de enero, la propietaria vuelve a manifestar “verbalmente” a la Policía Portuaria: “No sé a dónde voy a ir si me echan de aquí”. Ante estas declaraciones, la Autoridad Portuaria ha informado de los hechos, con carácter preventivo y mediante correo electrónico, a la Concejalía de Bienestar Social, a los efectos oportunos que se puedan derivar de esta situación.
